La intervención del gobierno valenciano como avalista hizo que se nombraran nuevos patronos en la Fundación para tener un mayor control sobre la refinanciación de la deuda. Esto obligaba a negociar una refinanciación de la deuda mientras el máximo accionista, la Fundación VCF, no podía devolver el préstamo, lo que provocó la intervención del avalista: el IVF de la Generalidad Valenciana, pagando con dinero público parte de los intereses del préstamo: 4’8 millones de euros.
